Notas de prensa

El Ayuntamiento destinará a vivienda social los 420.000 euros de las multas a los bancos que tienen pisos parados

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Jueves, 22/02/2018

El concejal de Urbanismo, Marc Arza, ha anunciado este jueves 22 de febrero en la Comisión Especial de Políticas de Vivienda Social que el Ayuntamiento de Reus ha ingresado hasta ahora 418.000 euros con las multas coercitivas impuestas a las entidades financieras por tener viviendas en situación de desempleo permanente en la ciudad. El concejal ha emplazado a los miembros de la comisión a una próxima reunión para debatir en torno a las políticas a las que se destinarán el dinero ingresado, que siempre estarán vinculadas a la promoción de vivienda social.

La comisión ha hecho balance de las acciones municipales para favorecer que las entidades financieras pongan a disposición del Gobierno de la Generalitat y del Ayuntamiento los inmuebles de su propiedad actualmente vacíos para poder destinarlos a funciones de vivienda social. En este sentido, constató que las medidas de negociación y presión con las entidades funcionan, y que se traducen en progresos de las entidades financieras para poner las viviendas a disposición de la administración.

En 2015, el Ayuntamiento inició 94 expedientes de declaración de viviendas vacías, de las cuales 55 se cerraron y 39 están actualmente en trámite. De los 39 abiertos, 6 derivaron en una primera multa coercitiva (de 4.500 euros) y 33 en una segunda multa (la primera de 4.500 y otra de 5.500 euros). El importe de las multas fue acordado en su día por la Comisión Especial de Políticas de Vivienda Social.

En 2017, se iniciaron 37 expedientes, 12 de los cuales se cerraron y 25 continúan en trámite. Hasta ahora, ninguna ha derivado en multa.

La situación de desempleo permanente de viviendas es una utilización anómala de la vivienda según la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda. Si finalizados los procedimientos para declarar el desempleo permanente no se resuelve la situación de la vivienda, el Ayuntamiento puede abrir, como último recurso, procedimientos sancionadores por infracción muy grave de la Ley del derecho a la vivienda, con multas de entre 3.000 y 900.000 euros.

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